España vuelve a especular con la vivienda

Cualquiera que haya intentado arrendar una casa en alguna de las grandes ciudades se habrá dado cuenta de que el mercado ha enloquecido. En España el alquiler se ha incrementado un 18,6% en los últimos cinco años, de 2013 a 2018.

El aumento desenfrenado de las rentas en las principales urbes y destinos turísticos ha gestado una burbuja que se está llevando por delante a quien busca un techo y no puede hacer frente a los 1.100 y 1.200 euros mensuales que, de media, cuesta arrendar un piso de 80 metros cuadrados en Madrid y Barcelona, los mercados en los el alquiler vive un boom asfixiante.

El desequilibrio entre salarios y alquileres ha hecho ganar a España el vergonzoso título de ser el país de la OCDE donde el alquiler se come un mayor porcentaje de ingresos familiares.

Y eso que el alquiler se ha presentado siempre como la alternativa para una economía sana, pero los distintos gobiernos no han adoptado planes de choque efectivos para crear un parque estable y accesible, aunque todos se han vanagloriado de sus "medidas estrella".

Ni salarios ni obras

Si los salarios no son el motivo, el alza del precio que aplican los propietarios podría justificarse porque los arrendadores invierten el dinero ganado en obras de reforma y mejoras en los pisos, pero tampoco. Los caseros están subiendo 300 o 400 euros más al mes a sus inquilinos, esos cuyos contratos firmados durante los años de crisis acaban este año.

La tormenta perfecta

Unos meses antes empezaban a gestarse las circunstancias que han propiciado el recalentamiento de los precios. En junio de 2013 el Gobierno del PP reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos (que hoy quiere volver a reformar el Ejecutivo de Pedro Sánchez). La duración de los contratos pasó de cinco a tres años y las subidas de la rentas se desvincularon del IPC.

Además, se dieron más facilidades para finalizar los contratos y echar o desahuciar a los inquilinos —si no pagan un mes son demandados y tienen 10 días para hacer el pago en el juzgado.

Medidas de freno

Dada la alarma social creada, el Ministerio de Fomento ha diseñado un plan de choque para pinchar la burbuja. Quiere fomentar la puesta en el mercado de 20.000 viviendas de alquiler a precios limitados. Además, ampliará la duración de los contratos de tres a cinco años, limitará las fianzas y estimulará con incentivos fiscales la oferta y la moderación de las rentas. Su objetivo es reorientar y dar un giro social a la política de vivienda.

Aunque bien recibido, son muchos los expertos que dudan de la eficacia del plan, sobre todo de esas 20.000 casas, porque "los procesos regulatorios para construir viviendas son cada vez más complejos y largos; mucho nos tememos que llegarán al mercado cuando ya no exista el problema", indica Encinar. En cambio, aplauden la implantación de incentivos fiscales a los propietarios para aflorar más viviendas vacías y paliar el alza de precios.

Vía: EL PAIS