El Poder Ejecutivo reglamentó la ley anti – lavado aprobada en 2017

El reciente decreto estableció las reglas que deberán seguir los abogados, escribanos, contadores, inmobiliarias, casinos, zonas francas, rematadores, comerciantes de antigüedades y proveedores de servicios.

El objetivo es controlar operaciones sospechosas de lavado de dinero o para financiar terrorismo.

Algunos de estos actores manifestaron que estas disposiciones cambiarán el ejercicio de la profesión, cargando con nuevas tareas y burocracia que en cierta forma también encarecerá sus costos.

Vía: EL PAÍS