IM logró 20.598 soluciones habitacionales tras invertir U$S 162: desde 1990

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La Intendencia de Montevideo logró 20.598 soluciones habitacionales tras invertir 162 millones de dólares desde que fue constituida la Cartera de Tierras, en 1990, de acuerdo a un informe al que accedió Propiedades y cuyo contenido fue objeto de análisis entre los responsables de la administración capitalina, funcionarios del Ministerio de Vivienda y docentes de la Facultad de Arquitectura.

En el reporte se indica que las soluciones habitacionales supusieron el trabajo en casi 3.2 millones de metros cuadrados en edificaciones, de los cuales 700.000 consistieron en espacios regularizados ubicados dentro de asentamientos.

El director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, Daniel Espósito, explicó al presentar el informe que es necesario “repensar la política de tierras” de la ciudad para no continuar extendiendo el área urbana, sino acondicionar mejor las zonas que no son correctamente utilizadas.

En ese sentido, detalló que Montevideo tiene 22.000 hectáreas de extensión y que sólo 2.000 de ellas cuentan con predios o edificaciones irregulares. Eso simplifica los procesos y tiempos de la construcción de nuevas viviendas, especialmente al considerar lo que ocurre en ciudades como Lima, donde el 45% de la extensión es irregular, dijo.

Teniendo en cuenta que la densidad habitacional capitalina es baja -68 habitantes por hectárea, según Espósito- lo ideal para Montevideo es diseñar políticas de incentivo a la construcción en las zonas centrales, y no promover la extensión de la ciudad hacia zonas rurales. 

“Si la extensión de la ciudad continúa, vamos a tener problemas para financiar servicios, como el saneamiento. Ya tenemos un sistema de transporte costoso. Habría que sumarle otros gastos, como el alumbrado, etc.”, aseveró el funcionario.

Espósito puso el caso de Barcelona, una ciudad que incentiva la instalación de viviendas nuevas en las zonas centrales y sus puntos adyacentes sin incrementar su zona urbana. Esa ciudad catalana cuenta con tres millones de habitantes y una extensión de 10.400 hectáreas.

Desde su perspectiva, en el departamento de Canelones se experimenta hoy por hoy lo que en la década de 1990 vivió la capital: una extensión “de forma muy acelerada” de los espacios urbanizados. Ello, acotó, genera problemas habitacionales y de servicios a la población canaria.

Cooperativas de vivienda y asentamientos

El director de Tierras y Viviendas de la Intendencia, Mario Piazza, uno de los encargados de presentar la evaluación de los 25 años de la Cartera de Tierras del departamento, sostuvo que entre 1990 y 2009 se instalaron en predios acondicionados por la administración capitalina unas 12 cooperativas en áreas centrales de la ciudad, dando origen a 282 viviendas. En tanto, en zonas periféricas se instalaron 59 con 2.166 viviendas.

En cambio, en el período comprendido entre 2010 y 2015 se instalaron 15 cooperativas en zonas centrales de la ciudad, con 544 viviendas, mientras que en las zonas periféricas se erigieron 56 cooperativas, sumando 1.726 fincas.

Si bien aumentaron las construcciones en áreas centrales respecto a las periféricas, Piazza insistió en la necesidad de profundizar la política de uso de los espacios no utilizados dentro de la urbe.

De todos modos, reconoció que “es imposible optar por la densificación en lugar de la extensión”. “El proceso requiere densificar las áreas centrales de la ciudad, consolidar las áreas intermedias y también extender la ciudad”, afirmó.

Por otra parte, Piazza explicó que entre 2010 y 2015 se relocalizó en coordinación con el Ministerio de Vivienda a unas 411 familias que vivían dentro de asentamientos, mientras que junto al Ministerio de Economía se reubicaron a unas 216 pertenecientes al asentamiento Siete Manzanas.

Previamente, entre 2005 y 2009, se había reubicado a 343 familias, mientras que entre 1995 y 2005 a 1.487 junto al Ministerio de Vivienda y a 249 sin participación de esa cartera de Estado.

En total, dijo Piazza, se reubicaron a 2.706 familias que antes vivían dentro de asentamientos irregulares. Se trata de un “ejemplo” de cómo las organizaciones sociales y la administración pública pueden trabajar juntos para ejecutar políticas habitacionales, subrayó.

Aggiornar la legislación

La directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, Silvana Pissano, sostuvo que es necesario “aggiornar” el decreto municipal que creó y reguló la actividad de la Cartera de Tierras del departamento.

El decreto otorga el marco jurídico en el que opera la regularización física y dominial, los realojos de asentamientos y la adjudicación de tierras en forma grupal o individual. Su objetivo es obtener predios aptos para la construcción de viviendas a efectos de utilizarlos en la ejecución de programas habitacionales promovidos por la Intendencia, o venderlos y otorgarlos.

La regulación habilita a disponer los terrenos aptos para conformar la cartera de tierras: aquellos ubicados en zona urbana o suburbana, que posean los servicios básicos complementarios a la vivienda y posibilidad de conectar a saneamiento.

El decreto también otorga la posibilidad de adjudicar los terrenos en régimen de tenencia, posibilita el otorgamiento deterrenos de propiedad municipal ocupados irregularmente, a las familias ocupantes, siempre que cuenten con un grado de consolidación importante, fija las condiciones que deberán reunir los beneficiarios del programa de adjudicación de tierras (carencias e ingresos mínimos) y establece criterios de prioridad en la adjudicación.

Pissano indicó que una actualización de la norma permitirá facilitar el acceso de personas a una solución habitacional. Si bien no detalló cuáles serían los cambios, subrayó que es necesario agilizar los procesos para “acercar cada vez más el derecho de vivienda a la ciudad”.

La incorporación de inmuebles a la Cartera de Tierras se produce por tres vías: Por compra, expropiación, o canje con otros organismos públicos; por recuperación de terrenos municipales otorgados en concesiones caducas; y por desafectación de predios de otros usos previstos.

Foto: Intendencia de Montevideo