Decreto sobre consumo de drogas y alcohol en el trabajo disparó consultas en la industria de la construcción

20160718

El decreto 128/2016 aprobado en mayo por el Poder Ejecutivo que prohíbe consumir o tener alcohol, marihuana o cualquier tipo de sustancias psicoactivas durante la jornada laboral disparó las consultas en el sector de la construcción, según un relevamiento hecho por Propiedades.

Muchas empresas del sector buscaron informarse sobre el alcance de la norma y de qué manera modifica las disposiciones del decreto 125/2014, que prohíbe el consumo de alcohol y otras drogas, y permite a los empleadores hacer controles no invasivos en caso de dudas, suspender la jornada del trabajador e incluso sancionarlo.

El abogado Juan Manuel Mora, de la firma consultora y de auditorías KPMG, dijo a Propiedades que “la principal preocupación de la empresas con relación a este tema, y donde nosotros estamos participando activamente, es en la redacción, revisión e implementación del protocolo de actuación”.

“El decreto dispone que el procedimiento de actuación debe realizarse conforme a un protocolo que debe acordarse en forma bipartita en el ámbito de la Comisión de Seguridad de la empresa, o con el sindicato en caso que dicha comisión no funcione. Incluso, la empresa debe aplicar el protocolo pese a no contar con un acuerdo con los trabajadores, aunque sujeto a la fiscalización de la Inspección General del Trabajo”, sostuvo Mora.

Según detalló, las principales preocupaciones que trasladan las empresas refieren a “la oportunidad en que se pueden realizar los controles, cómo deben ser realizados y qué sanciones se pueden aplicar a los trabajadores que se les detecte drogas o alcohol”. Además, dijo que también genera preocupación “la determinación de quienes realizaran las pruebas, ya que el decreto dispone que deben hacerse por parte de personal del servicio de salud en el trabajo o personal de salud contratado a tales efectos”. 

Mora indicó que la nueva reglamentación fue “bien recibida” por el sector empresarial de la construcción porque la visualiza como “más completa y más garantista” que el decreto 125/2014.

Por su parte, la socia del estudio Jiménez de Aréchaga María Noel Saldías explicó a Propiedades que las consultas “se enfocaron en conocer en qué medida este nuevo decreto modifica el régimen imperante desde el año 2014”. “En la construcción ya existe un régimen específico que constituye una guía para la planificación de la seguridad integrada al proceso de la obra y en consecuencia para el cuidado de la salud de todos los trabajadores y de los terceros involucrados”.

Desde su perspectiva, “lo más importante es estar atento a las conductas de los trabajadores que den lugar a sospechas de estar bajo el efecto del alcohol o la droga”. Es por ello que aconseja que “una vez detectada una conducta impropia se debe proceder al control no invasivo” y que la actuación sea “rápida y eficaz con el objetivo de proteger la vida de los trabajadores y de los terceros”.

Protocolo modelo

En tanto, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), Eduardo Steffen, explicó a Propiedades que es intención de la gremial trabajar en la redacción de un “protocolo de actuación modelo” para que “las empresas tengan un criterio de actuación común frente a este problema”.

En ese sentido, destacó que “adquiere nueva relevancia la actuación del representante de los trabajadores en seguridad e higiene de las obras, ya que se deberá contar con su buena disposición para la constatación de esas conductas ilegales”.

Igualmente, indicó que “algunos aspectos” del decreto “no están lo suficientemente claros” y “dificultan la acción de las empresas en el momento de controlar a su personal”. Por ejemplo, sostuvo que algunas personas interpretan que la adicción a la marihuana es una enfermedad y que, por ende, cabría analizar si es correspondiente “penalizar a un individuo que padece una enfermedad”.

Por otra parte, sostuvo que genera “incertidumbre” para la APPCU quiénes deben realizar los controles clínicos cuando en las obras no se contrata personal de salud permanente. “¿Deben tener todas las obras un servicio de salud propio o personal de salud contratado a tales efectos en forma permanente?”, se preguntó.

Finalmente, Steffen aventuró “dificultades” al momento de acordar protocolos de actuación con los sindicatos “dado los antecedentes que existen en cuanto a la firma de convenios que obliguen al sector obrero a cumplir con determinadas normas de gobernanza”.

Imagen: www.diariodelaconstruccion.cl