Un costoso error

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A inicios de 2014, el entonces Ministro de Vivienda, Arq. Beltrame, tuvo la deferencia de invitar al Director de Propiedades a una reunión en la que anunció la intención del MVOTMA de introducir un tope de precio al 25% de las futuras viviendas promovidas por la Ley 18.795.

En aquel momento, hubo un total desacuerdo con la medida sugerida y se solicitó unos días para hacer una presentación, respecto de los impactos no deseados que solían tener este tipo de medidas reguladoras.

A la referida presentación el MVOTMA invitó a todo su equipo técnico y a los directorios de la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario.

Se puso el ejemplo de la ley que en 1985 reguló por última vez el mercado de alquileres, pidiendo un “pequeño esfuerzo” a los propietarios para ayudar a los inquilinos a sortear las duras consecuencias de la crisis de 1982, aún presentes por entonces en nuestra sociedad.

Aquella ley, votada por unanimidad en el Parlamento, generó un retiro masivo de viviendas del mercado de arrendamientos, provocando un alza fenomenal en los alquileres, precisamente el efecto contrario a los que los legisladores querían lograr.

Durante la presentación del Director de Propiedades en el MVOTMA, se realizó una estimación del posible descenso en la cantidad de viviendas presentadas para ser promovidas bajo la ya referida Ley, porcentaje que se estimó en el 50%.

Los argumentos no fueron de recibo y el MVOTMA siguió adelante con su decisión de colocar un tope, cosa que finalmente hizo sobre fines de junio de 2014. Han trascurrido casi dos años desde que aquel tope se impusiera y hasta febrero de 2016, el promedio de viviendas ingresadas para ser promovidas, se ubicó 49% por debajo del promedio de las ingresadas desde el inicio de la Ley hasta la vigencia del referido tope.

Como consecuencia de esta disminución en el ritmo de presentación de viviendas para ser promovidas, el valor de venta de las VIS en Montevideo no solo no ha bajado, sino que incluso ha subido, en dólares corrientes y mucho más en Unidades Indexadas.

Exactamente lo contrario a lo que se pretendió lograr con la medida impuesta.

Hay una ley de oferta y demanda que en general se suele subestimar desde el sistema político.

La única forma que el precio de algo baje, es que la oferta supere a la demanda.

Si las medidas que se toman, afectan el nivel de la oferta, los precios no solo no bajarán, como las autoridades quieren, sino que, por supuesto, subirán.

Para quienes trabajamos en el sector privado es una verdad de Perogrullo, pero esto no parece replicarse muchas veces en el sector público.

El tema es que los daños colaterales de estos errores lo sufren personas de carne y hueso, personas a las que de buena fe se intentó ayudar y solo se logró perjudicarlas, en el corto, mediano y largo plazo.

Todavía hoy la sociedad uruguaya está intentando subsanar el impacto generado por la salida de decenas de miles de propiedades del circuito de arrendamiento, en los años siguientes a la sanción de aquella equivocada ley.

Hoy vemos como un instrumento fabuloso, que interesa en varios países vecinos, que la están analizando con detenimiento, está languideciendo, producto de una acción desafortunada, de cuyos efectos adversos las autoridades fueron advertidas en tiempo y forma.