Sector constructor e inmobiliario pide precisar legislación sobre inmuebles vacíos y degradados

20180924

El sector constructor e inmobiliario reclamó precisar el alcance del proyecto de ley con media sanción del Senado que prevé la enajenación de inmuebles vacíos y degradados. El planteo de la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Liga de la Construcción del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya busca clarificar el alcance de la norma, cuyo objetivo es facilitar el acceso a las obras de construcción abandonadas y a aquellas estructuras que se encuentran sin uso.

Según el proyecto, se podrá enajenar “los inmuebles ubicados en suelo urbano, cualquiera sea su destino, que se encuentren vacíos y degradados”.

Se considerará que el lugar está vacío cuando “se encuentre desocupado por un plazo no menor a 24 meses continuos”, período en el que no tenga conexión o consumo de agua potable o energía eléctrica.

Si el inmueble está ocupado de manera irregular ese período será comprendido dentro de los dos años. El texto dice que la ocupación precaria se configura cuando hay una tenencia sin contrato, ya sea por “ignorancia” de la persona que ocupa o por “mera tolerancia del propietario”.

El artículo 11 del proyecto establece que después de que la intendencia departamental establezca que el inmueble se encuentra degradado (en situación de ruina, deteriorado, o que tenga una edificación paralizada), se deberá intimar judicialmente a los titulares de la propiedad para que “en un plazo de 20 días presenten, y luego ejecuten, un proyecto de rehabilitación”. Se establecerán, según el caso, las condiciones técnicas y los plazos para la ejecución de las obras.

Si el inmueble pasa a remate, tendrá como precio base 75% de su valor de tasación fijado por la Dirección Nacional de Catastro, y podrá ser comprado por un privado o por el Estado. Si en el remate no hay postores, se podrá volver a rematar a la mitad de precio de la tasación, y si en ese segundo proceso tampoco hay interesados, se venderá a la mitad de precio, sin remate.

Ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el asesor de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Castiglioni, sostuvo que se debe introducir modificaciones al texto, de acuerdo a las actas parlamentarias.

“Nos preocupa que las condiciones de vacío y degradado sean conjuntas”, sostuvo. “Se podría llegar a interpretar que son condiciones separadas y no conjuntas, que una u otra no serían suficientes para poder enmarcarlos en una próxima ley”, añadió.

“Más allá de que se dé el proceso más garantista que tenemos a nivel judicial, que es el proceso ordinario, y de que a los propietarios se les dé la oportunidad de participar y tomar acciones en el asunto, resulta un poco extraño cómo se computarían los 24 meses. Es decir, hay una intimación, existe una diligencia preparatoria, preliminar, y a partir de ahí se cuentan veinticuatro meses para atrás, cuando lo lógico sería que se contara a partir del inicio del proceso para tomar acciones”, indicó Castiglioni.

“Es verdad que se ha hablado que durante el desarrollo del proceso se pueda generar y eso aumenta el plazo y las garantías del propietario del inmueble, pero parecería lo más lógico empezar a computar los plazos hacia adelante. Por tanto, y a modo de síntesis, nuestra preocupación principal es cómo se interpreta, que es en suma y no una condición de vacío o degradado; que se debería ahondar en el concepto de obras abandonas y no dejarlo librado a la reglamentación del proyecto”, añadió.

Por su parte, el vicepresidente de la Liga de la Construcción del Uruguay, Santiago Horjales, explicó ante los legisladores que “hay técnicas constructivas lo suficientemente desarrolladas en el Uruguay como para poner al día rápidamente en uso esos edificios degradados, sin necesidad de esperar mucho tiempo, si se utilizan las tecnologías que en este momento están en desarrollo en nuestro país, pero que en el mundo tienen más de cien años”.

En tanto, desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya se elaboró un informe que se hizo público. El encargado de la redacción fue Alberto Puppo, el asesor legal de la gremial. Para el abogado, “el proyecto otorga una norma en blanco a los titulares de la acción (el Ministerio de Vivienda) sin ningún contralor de carácter legislativo departamental o nacional para privar al titular del inmueble de su derecho, sin la previa y justa compensación requerida por el artículo 32 de la Constitución”.

Desde su perspectiva, a quienes se les confiere la potestad de decidir en qué momento y cuáles bienes serán objeto de la declaración de inmueble vacío y degradado que culminará con un remate judicial “se les otorga un poder enorme ya que la mayor parte del proceso se realizará sin noticia del propietario demandado y la compensación estará regulada por normas cambiantes del mercado que dependerán de la época en la que se lleve a cabo el remate judicial”.

Por otra parte, el informe de Puppo sostiene que en el articulado “no se contemplan situaciones cotidianas que rodean la situación del titular del inmueble”. Por ese sentido, estima que “no parece razonable” que al titular del inmueble se le exija comprometerse a realizar reparaciones en un plazo de 12 meses.

El reporte observa, por otra parte, que “no es realista” el procedimiento que se estipula para resolver una situación de ocupación precaria puesto que la desocupación en el sistema judicial “puede llevar y habitualmente conlleva un proceso civil de entre uno y tres años si se oponen defensas judiciales a la solicitud de desocupación”.

Tras escuchar las observaciones realizadas, los legisladores analizarán la pertinencia de introducir modificaciones al texto, según supo revista Propiedades.

Foto: Diario El Mundo de España