Ignacio Otegui: Presidente de la Cámara de la construcción.

Se vinculó con la construcción "de rebote". A los 24 años, comenzó a trabajar en una pequeña empresa del sector que dirigía su tío. Poco después el familiar falleció y debió tomar la conducción del negocio.

Hoy, a sus 58 años, preside la Cámara de la Construcción y ha sido reelecto en cinco oportunidades. Reconoce avances en el gobierno del Frente Amplio referidos a la disminución del informalismo pero reclama medidas concretas para frenar a los asentamientos. Es casado, tiene cuatro hijos y lee unos 25 libros por año.


¿Cuál fue la inversión de la construcción el año pasado?

No está cerrada la inversión de 2009 pero va a ser muy parecida a 2008 que fue de US$ 2.127 millones. Teniendo en cuenta los temores que la crisis nos despertó a todos, la construcción no vio frenadas las inversiones que estaban en marcha. Las que estaban previstas iniciarse durante 2009 en general se postergaron tres o seis meses pero se están concretando. Tenemos la convicción que 2010 va a ser un año bueno para el sector. Los temores que teníamos a principio de 2009 referidos a la crisis externa impactaron de una forma mucho más tenue de lo que supusimos.

¿A cuánta gente emplea el sector?

En noviembre de 2008 había 135.000 familias dependiendo de la construcción; 54.000 directamente en obra. Hoy estamos entre 47.000 y 48.000. La industria tuvo un freno al inicio de la crisis y retomó su crecimiento. La estimación última que tenemos es que son 125.000 familias; en un país donde el número de empleados privados es del entorno de 1.200.000, tenemos un impacto cercano al 10%.

¿Cuáles son los índices actuales de informalismo en la construcción?

Son los más bajos en los últimos 20 años. Cuando asumió este gobierno, uno de los temas que le planteamos con mucha crudeza fue que el sector tenía más del 50% de su actividad informal. Es cierto que la crisis de 2002 hizo que eso creciera pero ya era una presión insoportable para la industria. Hoy estamos con un número que no supera el 22%; se redujo a la mitad y todavía hay tela para seguir presionando.

¿El sector público mantiene deudas con empresas privadas hoy en día?

Sí. En términos generales, el Estado uruguayo ha sido cumplidor de sus obligaciones. La crisis de 2001, 2002 generó algunos cambios que pueden ser tomados como luces amarillas, fundamentalmente en el área de las intendencias. Hay comunas que son cumplidoras y otras que han generado y le siguen generando dificultades al sector. El caso paradigmático es la Intendencia de Canelones, con cuentas viejas que le echa la responsabilidad a los intendentes anteriores y cuentas nuevas que la responsabilidad es de quién está hoy. Estamos hablando de varias decenas de millones de dólares que debe a distintas empresas privadas. En la negociación con la intendencia de (Marcos) Carámbula, llegamos a un punto casi de acuerdo y se frustró por razones que nunca nos fueron comunicadas. Fue un error. Deja un tema pendiente para el que venga complicado porque las empresas siguen dando pasos judiciales que a la larga les van dando la razón.

¿Cuál es el déficit habitacional que hay en Uruguay?

No pasa de 75.000 viviendas. Hay números de todo tipo; por debajo y por encima, pero la información que nosotros manejamos es en ese entorno. No es un número extraordinariamente alto para una sociedad como la nuestra. El problema es que hay muchas viviendas que colapsan en su vida útil, salen del mercado y, si sus propietarios no tienen posibilidades de restaurarlas, quedan cerradas.

¿Cómo cree que se debe afrontar?

Debería existir un accionar claro de los municipios -en particular el de Montevideo-, el Banco Hipotecario o la banca privada para tratar de generar una corriente de crédito que permita a los propietarios que tienen viviendas vacías reciclarlas y ponerlas en el mercado. Eso sería lo más efectivo y rápido. En segundo lugar, hay que generar vivienda nueva. Cuando hay un déficit, vos tenés que producir por lo menos 5.000 viviendas por año. Este país se ha caracterizado en los últimos tres años por generar viviendas para clase media y media alta en el mundo privado y muy baja generación de viviendas para la gente de menos ingresos.

¿Cómo se enfrentan los asentamientos?

Ahí tenemos un tema complejo. Hay que frenar su multiplicación; año a año aparecen 20, 30, 40 asentamientos y así ha sido a lo largo de estos cinco años. Si nosotros no logramos frenar eso, nunca vamos a solucionar el problema. Hay que diseñar una política para evitar la multiplicación: ser muy duro con el que se crea y darle los mecanismos para quien no tiene más remedio que ir a una situación de esas, que exista la posibilidad de entrar a un terreno legalmente adquirido por el Estado que tenga como final una evolución a un barrio. Hay decenas de hectáreas en manos del Estado dentro de las capitales y no se ha desarrollado un programa en ese sentido.

¿Cree que se debería modificar la ley de ordenamiento territorial?

Sí. Creemos que esa ley tiene una serie de artículos que limitan la posibilidad de inversión en ciertas zonas. Si vos tenés un predio grande, el Estado -vía Ministerio de Vivienda- puede en parte ese terreno reservarlo para hacer viviendas para la gente que defina. El objetivo es lograr equilibrio social y en realidad no lo van a lograr y van a frenar ciertos emprendimientos. Quien está yéndose a un barrio privado lo que quiere es seguridad y pares viviendo en un mismo lado. ¿Eso es bueno? Creo que no, como visión final de sociedad pero (la solución) no va por ahí. A la larga terminás generando un efecto que probablemente no busques.

Durante la campaña, Mujica propuso en el Pit-Cnt que haya responsabilidad penal para los accidentes laborales donde haya omisiones de las empresas. ¿Qué opina?

De hecho ya hay. Los jueces penales actúan frente a una muerte y hay empresarios y distintos actores con responsabilidad en temas de seguridad que han estado o están presos. El planteo de Mujica fue hecho en un ámbito determinado, en una coyuntura determinada y fue más que nada una pregunta, porque yo estaba presente. "Capaz que tenemos que hacer tal cosa", dijo. De hecho ya ocurre.
Gasoil y energía en la agenda del sector

¿Qué medidas públicas favorecerían a la construcción?

Hicimos llegar a todos los candidatos algunas medidas que era conveniente evaluar. En nuestra opinión, no tiene sentido que la construcción -que es una gran consumidora de gas oil- pague el IVA sobre ese combustible. No lo podemos descontar y, en consecuencia, estamos cargando a nuestros clientes privados el costo.

Transformamos un impuesto en costo y aspiramos a que lo dejen descontar. Otro elemento importante es darle entrada a los inversores locales y externos que quieren invertir en generación de energía. Para eso es necesario seguir avanzando en los procesos de desregulación para que se pueda generar energía y que se desmonopolice la generación.

Pero ya hay privados que generan...

Pero muy poco. A nivel del potencial que existe de inversión y de generación, es casi nulo.

EL PAIS - 29/01/2010